Las empresas de cualquier tamaño que procesen transacciones de criptomonedas para clientes de la Unión Europea pronto tendrán que declararlas a efectos fiscales, según una propuesta legislativa.

La normativa, presentada como complemento de un paquete más amplio de medidas contra la evasión fiscal, establece que incluso los traders no europeos de criptoactivos tendrán que declarar las transacciones si tienen clientes residentes en la UE.

Las empresas tendrían que facilitar a las autoridades fiscales información personal sobre sus usuarios, incluido su lugar de residencia y cuándo y dónde nacieron. Además, tendrían que incluir la cantidad que esa persona gastó comprando criptomonedas o cuánto recibió por venderlas.

Los responsables políticos afirman en un documento en el que se esboza la directiva que la introducción de la obligación de declarar los ingresos obtenidos a través de criptoinversiones ayudaría a los Estados miembros de la UE a hacerse una idea exacta de los impuestos que se les adeudan, lo que supondría unos ingresos adicionales de hasta 2.400 millones de euros (2.530 millones de dólares).

Según la Comisión, unas normas comunes de información también ayudarían al sector.

«La transparencia sobre los ingresos obtenidos por los inversores en criptoactivos mejoraría la igualdad de condiciones con los activos más tradicionales», dice la propuesta.

Para la UE, la aplicación de las normas costaría inicialmente 300 millones de euros, seguidos de otros 25 millones cada año.

En cuanto a las empresas afectadas, los responsables políticos afirman que la iniciativa tendría un impacto «limitado» en las pequeñas y medianas empresas, argumentando que ya disponen de la información que deben comunicar.

«Aunque la iniciativa conllevará costes de cumplimiento, puede ser más favorable para las PYME disponer de un único conjunto de normas en toda la UE, en lugar de un posible mosaico de requisitos de información en toda la UE», señala el resumen de la evaluación de impacto del Consejo.

Los defensores de las criptomonedas se oponen a la UE

Los defensores del sector temen que la normativa suponga una carga excesiva para las empresas que operan en la región.

«La información solicitada a los CASP [proveedores de servicios de criptoactivos] es extremadamente significativa y compleja de calcular», dijo a Decrypt el presidente de European Crypto Initiative, Simon Polrot. «El coste estimado para los proveedores de servicios parece subestimado, y la masa de información a producir y enviar será enorme. ¿Tendrán las autoridades fiscales [de los Estados miembros] los medios para procesar esta información?».

Los comentarios sobre el acto adoptado están abiertos durante al menos ocho semanas, tras las cuales las respuestas se presentarán al Parlamento Europeo y al Consejo como parte del debate legislativo.

La UE se encuentra en pleno proceso de finalización de su histórico paquete de regulación de criptomonedas, Mercados de Criptoactivos, apodado MiCA.

Se espera que el proyecto de ley, que establecería un marco para los cripto servicios en todos sus miembros, se vote en febrero.

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